Abogados expertos le ayudarán a recibir la indemnización que usted merece

El mesotelioma es un tipo de cáncer que deriva única y exclusivamente de la exposición al amianto. Las fibras de amianto que nuestro cuerpo inhala permanecen en nuestro cuerpo durante 20 y 40 años hasta que la enfermedad se manifiesta.

Un procedimiento judicial de este tipo tiene tres objetivos:

• Compensar económicamente el daño y el dolor sufrido
• Resarcir cualquier pérdida económica que pueda derivarse de la enfermedad, como es, por ejemplo, la pérdida de empleo
• Resarcir los gastos médicos, si es que han existido, derivados del tratamiento de la enfermedad

Los abogados expertos en esta materia deben tener conocimientos sobre los términos legales y médicos relacionados en un caso de amianto.

Dolor y sufrimiento: son dos palabras comunes en este tipo de procedimientos y describen, el estado de confusión emocional, el estrés psicológico y el sufrimiento físico que experimenta el paciente.

Estas tres áreas corresponden a la mayor parte de la cantidad a indemnizar y dependerán del caso concreto. Si le han diagnosticado un mesotelioma usted debe aconsejarse por expertos profesionales que lucharán por una justa indemnización.

Pérdidas económicas: aunque la mayoría de los afectados están jubilados cuando el mesotelioma se desarrolla, hay otros que todavía trabajan. Un experto profesional reclamará una indemnización por el salario dejado de percibir como consecuencia de la enfermedad.

Gastos médicos: pese a no ser lo habitual en nuestro país, es posible reclamar los gastos médicos en que haya incurrido el afectado ya que éste tiene derecho a contar con asistencia médica privada que incluya tratamiento médico, rehabilitador y hospitalización. Igualmente podrán reclamarse los gastos derivados de la atención domiciliaria que el afectado precise.

¿Quién paga?

La mayoría de las demandas se interponen frente a las empresas que manufacturaron, exportaron o usaron amianto. Siendo estas empresas las responsables del uso del amianto es obvio que sean los responsables del daño causado a sus trabajadores. El éxito del procedimiento dependerá, en buena parte, de acreditar que el empresario conocía el peligro que el amianto llevaba implícito y la falta de información facilitada al trabajador.